La asociación Nacional para la conservación de la Naturaleza (ANCON) se muestra preocupada ente el proyecto de reformas al reglamento técnico que impulsa el gobierno panameño para el manejo de las aguas residuales generadas por la industria y establecimientos en el país.
La directora ejecutiva de la entidad, Alida Spadafora, expresó que es irónico el título de la propuesta de norma “Medio Ambiente y protección de la salud. Seguridad calidad del agua. Descarga de efluentes líquidos a cuerpos de masas de aguas continentales y marinas”, ya que considera que en vez de proteger al ambiente y la salud pública, promueve una mayor contaminación de las aguas continentales y marinas y genera riesgos a la salud. “Estas medidas en su mayoría permitirían una mayor concentración (mg/l) de compuestos y elementos tóxicos vertidos al ambiente”, aseguró.
“Panamá invierte 7 millones de dólares en el saneamiento de la Bahía de Panamá y por otro lado permite con un reglamento como el propuesto su sistemática contaminación, lo cual es irracional”, señaló la directora de ANCON.
La bióloga observó que las sesiones para la modificación de este reglamento fueron cerradas, al igual que en anteriores ocasiones, sin lo participación de organizaciones no gubernamentales, universidades o institutos de investigación tales como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en comparación con la participación registrada en el reglamento que se quiere reformar y que fue aprobado 11 años atrás.
El análisis de ANCON destaca adicionalmente que algunos requisitos fueron eliminados en el texto, y que el límite permisible de la mayoría de los parámetros es mayor que en el reglamento anterior, muy en especialmente en el caso de los nitratos (que se dan por la acción en porquerizas o mataderos) y también en el caso de metales pesados como plomo y cadmio que pudieran ser producidos por las explotaciones mineras de metales.
Se estima también que los límites permisibles de la demanda bioquímica de oxígeno aumentaron en la propuesta, con lo que se provocaría la eliminación de toda vida acuática donde se vierten las aguas residuales.
Para ANCON, el Estado tendría que asumir los costos ambientales y por daños a la salud, en momentos en que cada vez se hace más necesaria la protección del vital líquido, dadas las crecientes amenazas a las fuentes como consecuencia de un desarrollo desordenado y de los cambios en el clima.
Panamá estaría muy lejos de convertirse en un país de primer mundo si esta norma es aprobada como ha sido formulada. “Preferiblemente la norma no debería modificarse”, aseguró Spadafora.
Existe un plazo hasta el 1º de agosto para enviar observaciones a las modificaciones propuestas a la reglamentación.
Agencias/SimaCaribe 3 jul 2011
