El número de embarcaciones de empresas que llevan a cabo actividades de avistamiento de cetáceos de forma irregular ronda entre las 60 y 70 frente a las 41 que lo hacen legalmente, según denunció hoy Higinio Guerra, presidente de...... la Asociación de Empresarios de Avistamiento para la Conservación de los Cetáceos del Sur de Tenerife (Acest), en una rueda de prensa junto a Alberto Bernabé, consejero de Turismo del Cabildo, y Vicente Dorta, consejero delegado de Turismo de Tenerife. Bernabé aseguró que a esa estimación de embarcaciones ilegales en los puertos del sur-oeste de la Isla también se deben agregar las actividades realizadas por motos de agua, que “no son empresas, pero el perjuicio que causan en el estrés de los animales es igual de grave”.
La cuantía de las multas que se imponen a los responsables de estas actividades irregulares ascienden desde los 6.000 hasta los 60.000 euros. Sin embargo, la asociación denuncia que las sanciones aplicadas “no llegan a término” porque “se pierden en las distintas administraciones”.
Guerra destacó que Canarias es una comunidad autónoma pionera en la regulación de actividades de avistamiento de cetáceos, por lo que son las distintas administraciones las que tienen que “involucrarse para que se cumplan las normas” y se produzca un control “necesario y urgente”.
Al Gobierno de Canarias le solicita una modificación del decreto que regula la actividad del refuerzo de controles, y, al Ministerio, más rapidez en la elaboración del borrador de la orden para regular las actividades náutico-recreativas en las Zonas Especiales de Conservación ubicadas en el Archipiélago.
Uno de los fines de la asociación se basa en demostrar que el equilibrio entre conservación, medio ambiente y negocios, a través de empresas que ofrecen actividades sostenibles a los turistas, puede ser real. “Simplemente hay una serie de normas en el avistamiento de cetáceos que hay que respetar”.
El Cabildo denunció que esta ausencia de control sobre las empresas o particulares que realizan la actividad sin la bandera azul -acreditación que ofrece el Gobierno para desarrollarlo de forma legal- se traduce en un impacto negativo sobre las especies residentes en la Zona de Especial de Conservación Franja Teno-Rasca.
El sector turístico, que también se ve afectado por estas prácticas irregulares, ingresa 25 millones de euros anuales gracias a esta actividad. Asimismo, según el Cabildo, el avistamiento de mamíferos marinos, que cuenta anualmente con 600.000 usuarios, es “una de las actividades preferidas por los turistas”.
