La demanda, presentada ante una corte federal en Washington, indica que las Oficinas de Administración de Energía Oceánica y de Seguridad y Control Ambiental deben dar a conocer todos los documentos que autorizan a las empresas a usar esa técnica en el Golfo.
"El público tiene derecho a saber dónde, cuándo y cuánto fracking está siendo permitido por el gobierno federal en el Golfo de México", dijo en un comunicado el abogado Kristen Monsell, del Centro para la Diversidad Biológica, un grupo ambientalista con sede en Arizona.
"La hidrofracturación marina se ha mantenido en secreto en el Golfo, pero sabemos que esta actividad peligrosa contamina nuestra agua y aire, y representa una amenaza tóxica para la fauna marina y los ecosistemas marinos frágiles", señaló Monsell.
El gobierno permite usar la fracturación hidráulica en alta mar casi sin supervisión y con poca divulgación sobre su alcance, indicó.
El Centro presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información el año pasado, sin que el gobierno haya respondido.
La demanda busca una respuesta inmediata del gobierno y la rápida divulgación de los documentos solicitados.
La técnica conocida como "fracking" inyecta agua y productos químicos industriales, en este caso en el fondo del mar, a altas presiones para romper las formaciones geológicas y liberar el petróleo y el gas.
De acuerdo con informes del Centro, el gobierno estadunidense permitió a las compañías de petróleo y gas utilizar esta técnica en al menos 115 pozos costa afuera en el Golfo de México en 2013.
El Centro para la Diversidad Biológica publicó en fecha reciente un informe sobre los peligros de los productos químicos tóxicos, la contaminación del aire y el riesgo de terremotos vinculados a la fracturación en alta mar.
De acuerdo con el informe, la hidrofracturación puede exponer a las comunidades costeras a los contaminantes del aire que causan cáncer u otras enfermedades.
Además, "a las compañías de petróleo y gas se les permite descargar los productos químicos mezclados con aguas residuales directamente en las aguas del Golfo", acusó el Centro.
"La fracturación hidráulica no pertenece al océano, y el gobierno federal tiene la obligación legal y moral de revelar cuán extendido se tiene esta actividad inherentemente peligrosa", afirmó.
