La ley filipina establece multas de un máximo de 20.000 pesos (321 euros o 461 dólares) y penas de prisión de hasta dos años por el tráfico de especies protegidas
El comercio ilícito de corales, tortugas marinas, tiburones y de especies protegidas para ser transformadas en artículos de decoración, está arrasando los fondos marinos del archipiélago de Filipinas, considerados un tesoro hasta hace poco.
“Es imposible calcular la cantidad de especies marinas esquilmadas cada año por este motivo, pero tenemos suficientes datos para afirmar que son miles de toneladas”, asegura a Anna Oposa, activista de la organización ecologista Salvar a los Mares Filipinos.
Pese a que los grupos ecologistas denuncian desde hace años esta práctica, las autoridades filipinas no habían dado la alarma hasta que hace unas semanas fueron incautados dos cargamentos que contenían 21.000 piezas de coral negro y 161 tortugas en peligro de extinción.
El cargamento, en el que además había otros especímenes en peligro de extinción, fue valorado en 35 millones de pesos (807.000 dólares o 561.000 euros).
Para juntar todo esa carga, los pescadores furtivos arrasaron en al menos 7.000 hectáreas de suelo marino, una superficie equivalente dos veces a la del término municipal de la capital del país, Manila.
“Los últimos cargamentos confiscados son un síntoma, pero tenemos datos de que vienen ocurriendo casos parecidos desde los años 60. Incluso podría haber empezado antes”, dice Oposa.
Un estudio difundido por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) revela que sólo el 1 por ciento de los 25.000 kilómetros cuadrados de corales que tapizan los fondos de las aguas de Filipinas permanecen intacto, mientras que alrededor del 60 por ciento está seriamente dañado.
Un saqueo de grandes proporciones
Grupos ecologistas denuncian que varias empresas radicadas en Estados Unidos venden por medio de internet los corales y demás especies arrancadas de los fondos marinos.
Oposa acusó en una comparecencia en el Senado a la compañía con sede en Florida Shell Horizons, que en su página web anuncia la venta de corales, conchas y otros tesoros marinos y reconocía hasta hace unas semanas que provenían de Filipinas.
Por su parte, Salvador France, portavoz de la organización de pescadores Pamalakaya, reclamó al presidente del país, Benigno Aquino, que presente una demanda criminal contra Shell Horizons y que el Ministerio de Asuntos Exteriores formule una protesta formal ante el embajador estadounidense.
“Este crimen de saqueo y destrucción del mar debe parar, el Gobierno filipino debe movilizar todos sus recursos para evitar que siga destruyéndose el patrimonio ecológico del país”, afirmó.
La laxitud atribuida a la Administración quedó patente hace una semana cuando dos personas relacionadas con los cargamentos de corales huyeran del país después de que fueran inculpadas y sin que las autoridades hicieran algo por impedirlo.
La ley filipina establece multas de un máximo de 20.000 pesos (321 euros o 461 dólares) y penas de prisión de hasta dos años por el tráfico de especies protegidas, un castigo que los ecologistas consideran demasiado indulgente.
“Las penas son patéticas, no compensan la gravedad del crimen. El delincuente se expone a pasar dos años en la cárcel mientras que los corales necesitan al menos dos décadas para recuperarse tras esos daños”, afirma Oposa.
Además de leyes más duras, los ecologistas proponen que la Policía reciba educación medioambiental y campañas de concienciación a fin de que la población coopere contra la destrucción del fondo marino y la venta ilegal de las especies.
Las aguas de Filipinas están incluidas en el denominado Triángulo de Coral, un área de 6 millones de kilómetros cuadrados que alberga la mayor reserva de la biodiversidad marina del mundo, a pesar de su extensión total representa sólo el 1,6 por ciento de la superficie marina.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, este llamado “Amazonas de los mares” desaparecerá antes de que concluya el siglo si no se toman medidas para evitarlo.
Agencias/SimaCaribe 28 jun 2011
